Por medio de la jurisdicción contencioso-administrativa el Poder Judicial controla los actos de la Administración Publica o Poder Ejecutivo y establece si estos se ajustan a las leyes y son conforme a Derecho. El fundamento de este procedimiento es el artículo 106 de la Constitución: “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. En la sustancia el contencioso-administrativo resuelve las pretenciones efectuadas por los ciudadanos o entidades frente a la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y demás organismos públicos.